
La acusación es por la negligencia de no haber tomado medidas ante la preocupación de la gente, al afirmar que nadie es capaz de predecir terremotos incluso con el aumento de la actividad sísmica, algo que es totalmente cierto.
Pero su decisión evitó que se tomaran medidas fuera de las convencionales para responder a las inquietudes de la gente en un periodo de preocupación que quizás merecía la atención tan solo para calmar los ánimos de una ciudad preocupada.
El proceso ha hecho que la comunidad científica condene el hecho, enviando una carta con más de 5000 firmas apoyando la postura de los científicos. Aún cuando el caso claramente se nota como un caso de falta de visión y tacto político, en una país que ha hecho de la corrupción y la negligencia, un deporte.
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