Cancelan el RENAUT: El Senado prefiere dejar nuestra privacidad en manos de la PGR

Cuando en abril de 2010 se evidenció la total falta de seriedad del programa del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) con la cuestión del contador falso y la obtención de los datos de los usuarios y sus CURPS, era una prueba más del chiste de justicia que las instituciones mexicanas ofrecen a sus ciudadanos.

Ya vimos esta semana como Televisa podía en el Distrito Federal, mandar a la ex-esposa del Tigre Azcárrga, Paula Cusi, a la cárcel por atreverse a demandar al monopolio, sin ningún citatorio firmado, ni proceso del ministerio público de por medio y que la dejaron ir cuando aceptó no seguir con su demanda, vamos, así es la falta de seriedad en todo el país con el estado de derecho.

Pero en el RENAUT -como el desastroso el Registro Nacional de Vehículos (RENAVE)- mostró los riesgos de dejar en manos de compañías privadas la administración de datos públicos que solamente el gobierno debería manejar.

¿Pero quien en este país de corrupción puede con una tarea de ese calibre de forma segura? Desde luego que no la policía, el CISEN u la mayoría de las "instituciones" de seguridad del país donde abundan los que harían mal uso de esos datos, solamente el Ejército o la Suprema Corte de Justicia podrían hacer esa tarea y están totalmente fuera del juego porque están en la prehistoria de la informática.

La salida del Senado ha sido mucho peor, derogar el RENAUT, sancionando con uno a cinco años de prisión y de mil a 10 mil días de multa a empresas de telefonía móvil que no cooperen con las autoridades en la ubicación geográfica de celulares relacionadas con delitos, sin ninguna orden judicial de por medio.

Facultando al Ministerio público y la PGR a pedir de forma laxa e insegura -un simple oficio o vía electrónica-, a los concesionarios o permisionarios de telecomunicaciones la localización geográfica de las comunicaciones relacionadas con ciertos delitos.

¿Que candados o criterios se seguirán para dicha petición? Seguramente que ninguno, si ya eran malas todas esas soluciones mágicas de las empresas privadas, ahora despertamos que no habrá necesidad de un proceso judicial para acceder a nuestros datos privados, digno de un estado policial.

Ya no se obligará a las compañías de celulares a que pidan los datos de sus usuarios, algo que desde un principio se antojaba sin sentido.